Nuevas voces para una sociedad abierta

Por Gustavo Sanchez (http://elpaloylarueda.blogspot.com/)

Como parte de la trama intersubjetiva que compone la realidad social, la relación entre los discursos producidos por el conglomerado de medios de comunicación y su reconocimiento y respuesta por parte de las audiencias, constituye un fenómeno complejo e irreductible a lógicas deterministas. Sin embargo, de tal complejidad y relativa indeterminación, debe inferirse el carácter estratégico de su regulación, puesto que aun cuando la recepción sea concebida como un proceso activo, resulta evidente que la concentración de las emisiones en un conjunto entrenado y limitado de actores implica un estrechamiento de los márgenes de libertad de los destinatarios, ya de por sí ceñidos por los propios marcos culturales en que tiene lugar la recepción. Es por ello que toda regulación pública tendiente a democratizar el campo de la comunicación audiovisual en cabeza del Estado debe considerar múltiples aspectos, entre los que se destacan los contenidos –en un sentido amplio e inclusivo de las formas– y la pluralidad de voces emisoras.

El Gobierno nacional ha enviado al parlamento un proyecto de regulación que, en lo principal, tiende a cumplir con un conjunto de demandas largamente requeridas por un extendido espectro de organizaciones sociales, sindicales, profesionales y académicas. Desde el advenimiento de la democracia en 1983, el poderoso lobbie mediático fue eficaz en impedir que el Poder Legislativo atendiera estas demandas, mientras que las modificaciones que tuvieron lugar en la legislación durante la década neoliberal fueron todas tendientes a aumentar la concentración oligopólica de la propiedad de los medios. El proyecto gubernamental cuenta con el apoyo explícito de las Universidades Nacionales y las Carreras de Comunicación Social y Periodismo, varios de cuyos académicos han participado directamente en su redacción. Además de los sindicatos del sector, las dos centrales sindicales, orgánicamente, promueven la sanción de la nueva ley, y la Iglesia Católica y otros cultos religiosos se han manifestado positivamente respecto de los ejes centrales del proyecto, el cual ha sido también recientemente elogiado por el relator especial de las Naciones Unidas en materia de libertad de expresión.

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que antes de llegar al Congreso Nacional ha sido presentado y debatido en múltiples foros públicos a lo largo y ancho del país –ignorados sistemática y olímpicamente por los grandes medios–, no incluye ninguna disposición relacionada con los contenidos de las emisiones, excepto la exigencia del cumplimiento de cuotas mínimas de producción nacional y local, motivada en más que loables razones de promoción económica y cultural. Esto significa que los actuales y los futuros licenciatarios de medios podrán decir cuanto quieran y cómo lo deseen, con los mismos estándares de libertad de expresión que en la actualidad, incluso cuando ello signifique mentir, tergiversar o manipular la información.

Sin embargo, infundadas y arteras calificaciones, tales como “ley mordaza” o “de control de medios”, son repetidas por voceros de las empresas privadas de comunicación y por variopintos personajes de la oposición –que no tardarán en ser ellos mismos sacrificados en el sacro escenario montado para el espectáculo de la política por las megaempresas del infoentretenimiento–.

Al enfatizar en la consecución de una pluralidad de voces emisoras, acotando las fuentes comerciales a un 33% del espectro disponible y reservando los otros dos tercios para emisiones públicas y no comerciales, una de las consecuencias esperables de la nueva configuración del mapa de medios es que junto a las modulaciones del discurso único que monopolizan los mensajes de la comunicación de masas tengan lugar otras producciones discursivas, provenientes de estéticas, subjetividades, ideologías y culturas diversas, creando para la vida democrática posibilidades impensables en un contexto como el actual signado por la alienación, el control y la eventual manipulación de las comunicaciones.

Así las cosas, de la aprobación o no del proyecto de servicios de comunicación audiovisual enviado por el Poder Ejecutivo, depende algo más que la suerte de un gobierno. Incluso algo distinto que el destino del conjunto de reformas populares iniciado en 2003 y que, por primera vez desde 1975, entronca con las corrientes emancipatorias de la historia nacional. En efecto, lo que está en juego en el fondo de este debate es la posibilidad esencial de crear condiciones para el desarrollo de una sociedad abierta y crítica, capaz de concebir un proyecto colectivo de Nación que haga centro en un lugar que no coincida con el ombligo de nadie.